Guerra entre PSOE y Podemos por los planes de legislar sobre los okupas y la ‘Ley Mordaza’

Los enfrentamientos en la coalición que gobierna España son constantes. Sin embargo, en la recta final de la legislatura se acentúan los encontronazos por promesas que será difícil cumplir. Dos asuntos están siendo objeto de intenso debate en los últimos días: la Ley de Seguridad Ciudadana que descalifican como «Ley Mordaza» y el trato a los okupas que usurpan por la fuerza viviendas particulares.

El plan que ha puesto encima de la mesa el PSOE para agilizar los desalojos de okupas en casos de allanamiento de morada, que quieren tramitar este enero en el Congreso, ha provocado una nueva brecha con Podemos. No quieren ni oír hablar de esa propuesta después de años de compadreo con estos colectivos que no respetan la propiedad privada.

El pasado septiembre, el PSOE, en la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, registró dos modificaciones legislativas para acelerar los desalojos de inmuebles ocupados de forma ilegal. Piden que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y que los jurados populares dejen de asumir estos casos de allanamiento de morada.

Gracias a esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez podría dictar el desalojo «en 48 horas máximo desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble en dicho plazo». Por otra parte, aprovechaban para reforzar en estos casos la protección a menores o de personas vulnerables. El tribunal al conocer el hecho lo debe comunicar inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y al Ministerio Fiscal.

Ya entonces, las enmiendas que defendió públicamente por Patxi López, provocó un huracán de críticas desde Podemos. Los morados cargaron contra los socialistas por, decían, estar «descentrados» y les recordó que «no gobiernan con el PP». De todas formas, el PSOE ha continuado adelante con el apoyo del PDeCAT y otros grupos parlamentarios. Lo mismo ocurre con la ley de Vivienda, que acumula meses de tensiones entre los socios de gobierno. Esa normativa, que los de Sánchez querían aprobar en enero, también tiene la oposición actualmente de la dirección de Ione Belarra.

El diputado de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, reconoce que son «muy críticos» con la actitud del PSOE respecto al derecho a la vivienda y avanza que no apoyarán «ninguna de las enmiendas que se planteen a leyes para dar la razón a la visión catastrofista del PP y de la ultraderecha, que pretenden apartar la vista del derecho a la vivienda». En declaraciones a EP, expresa: «Nos parece absolutamente un error político de grandes dimensiones que el PSOE haya comprado el marco de la derecha sobre el supuesto peligro de la ocupación. La ocupación es nuestro país es un fenómeno muy muy limitado, muy reducido, lo dicen las estadísticas del CGPJ y del Ministerio del Interior», defiende.

Pide, en esta línea, «más medidas de control de los precios de los arrendamientos». «Y añado una cosa importante: si en este país se garantizara el derecho a una vivienda digna a todo el mundo, no habría ningún problema de ocupación», agrega Santiago.

Seguridad

Por otra parte, otra patata caliente es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Enrique Santiago, que quiere ganar peso tras su destitución como secretario de Estado, emerge de nuevo como negociador en el plano legislativo. Avanza que la ponencia sobre la «Ley mordaza» estará lista en enero. Apuesta por abordar la retirada del uso de las pelotas de goma dentro de otro cambio legislativo, concretamente en la que regula los cuerpos policiales y que Interior muestre ahí un «compromiso político» en ese sentido.

En todo caso, aún hay «escollos» con el PSOE. El también portavoz morado en la Comisión de Interior habla de avances alcanzados a finales de año.  Considera que el asunto va en la «buena dirección» pero deja caer que no pueden ceder ante las presiones «ciertos sindicatos policiales politizados»por la derecha».

Aplaude consensos alcanzados como graduar las sanciones en función de la capacidad económica del sancionado. Pero, en el lado opuesto, hay temas por concretar. Por ejemplo, cómo se «objetivan» las sanciones por falta de respeto a la autoridad. Pide ser «pedagógico» y aprobar una redacción para que no haya «márgenes de subjetividad» a la hora de establecer qué es falta de respeto y qué no. Sostiene que las estadísticas exponen que, desde que se dejó de tratar como infracción penal para trasladarse al plano administrativo, se ha producido un «uso abusivo» y se han «multiplicado» las multas. Otro punto en disputa es la desobediencia, que también debe definirse «muy bien», a ojos de Santiago.